Vivienda pública

En el nuevo escenario y marco que estamos viviendo es necesario ampliar las políticas de vivienda y dotar a los municipios de competencias y recursos en esta materia, porque estamos en un momento clave, y sin duda debemos acometer retos importantes para ofrecer soluciones imaginativas y coherentes con las necesidades de los jóvenes, las personas con discapacidades, con pocos recursos, etc.
La promoción de la vivienda pública es uno de los objetivos prioritarios de nuestra política social desde hace años. Cornellà ha sido pionera desde hace tres lustros en el impulso de vivienda pública, porque si algo tenemos claro es que queremos que nuestros jóvenes se queden en su ciudad y lo hemos hecho equilibrando el proceso de creación de suelo edificable y vivienda con la dotación de equipamientos y la cohesión territorial. Ello ha propiciado la creación, desde 1992, de un total de 663 viviendas públicas de promoción municipal y la creación de nuevas áreas urbanas en barrios como Almeda, Fatjó o Suris. Pero además, hemos fomentado la colaboración con otras administraciones y con otros agentes sociales, para ofrecer el máximo número posible de soluciones de vivienda social a la ciudadanía de Cornellà. Esto se ha traducido en la creación de alrededor de 261 viviendas públicas concertadas con la Generalitat, más de un centenar con sindicatos, además del acuerdo firmado con “la Caixa” en 2004 para la creación de viviendas sociales de alquiler para la gente joven y con pocos recursos.
Hace unos meses aprobamos el nuevo Plan de Vivienda, un plan realista, que contempla nuevos planeamientos en varias zonas de la ciudad y ayer aprobamos en el Pleno la fase inicial de uno de los proyectos urbanísticos más importantes y ambiciosos para la ciudad en los próximos años: la reordenación del sector Ribera-Salinas, de 825.000 m2 en el sur de la ciudad. Este proyecto nos permitirá crear una importante cantidad de vivienda de promoción pública, así como equipamientos, zonas verdes, entre otros. Se trata de una apuesta importante de cara al siglo XXI que responderá a las necesidades en materia de vivienda de la población. Alrededor del 10% del terreno se destinará a suelo edificable, y de esta parte más del 80% se destinará a vivienda pública y protegida, que responderá a criterios medioambientales y de sostenibilidad.